(*) Esteban Martinez.
Ha sido una bandera del justicialismo, en toda su historia, la defensa y protección de los recursos naturales y energéticos, declarándolos siempre, como de un irrenunciable interés nacional, que no es mas que la defensa de los intereses del pueblo Argentino, únicos usufructuarios de las riquezas de la Nación.
Jamás el justicialismo se ha opuesto a la explotación de sus riquezas naturales, ni, específicamente, las hidrocarburíferas, en la medida que estas, produjeran inversión para la patria, mano de obra y desarrollo tecnológico, dentro de un marco de legalidad, racionalidad, planificación y sustentabilidad temporal.
En estos últimos 18 meses la sociedad fueguina ha sido testigo de uno de las más inmorales negociaciones hidrocarburíferas de la historia de la patria, que según los informes técnicos – científicos, económicos y jurídicos aportados por profesionales y especialistas del partido justicialista y adherentes, acompañan este documento y así lo demuestran:
La realidad del contrato con Tierra del Fuego Energía y Química
La gobernadora Fabiana Ríos insiste sospechosamente en llevar adelante el contrato de venta de gas celebrado con una presunta empresa china. El gas a vender será recibido por la provincia, a cambio del dinero que hoy percibe por las regalías correspondientes, con la supuesta intención de venderlo a un mejor precio y a pagar por adelantado los tres primeros años por parte de la empresa TDFEyQ SA. Sorprende en primera instancia la generosidad de la empresa compradora de adelantar en pago 90 millones de dólares en tres cuotas de 30 millones de dólares y sorprende aun más que, una empresa sin antecedentes en materia energética y sin capital, se proponga construir una planta de metanol, aceptando una oferta del estado provincial para ejecutar un proyecto de semejante envergadura.
El Partido Justicialista denuncia, como inadmisible, que el gobierno de la provincia contrate como si fuera una empresa privada la venta de los recursos naturales (bienes públicos), en este caso nuestro gas natural, violando el artículo 74 de la Constitución Provincial a un precio irrisorio de u$s 1,80 el millón de BTU cuando “la Argentina tiene fijado con Bolivia un precio de u$s 5,00, mientras EEUU, lo paga u$s 7,50 y Japón u$s 12,00 el millón de BTU” según datos aportados el 22-12-2006 por el actual Senador José Martínez cuando era legislador provincial por el ARI. En la misma sesión el senador confirmaba que: “Con las reservas actuales en Tierra del Fuego no tenemos gas, alcanzaría para cinco o seis años más”. Iguales apreciaciones realizaba la gobernadora Ríos junto con la Dra. Elisa Carrió, cuando, siendo diputadas nacionales en el año 2006, iniciaron acciones legales contra Repsol-YPF, afirmando que en el país había reservas para solo 12 años de los cuales ya pasaron tres.
A su vez el representante provincial ante la Organización Federal de las Provincias Productoras de Hidrocarburos OFEPHI, Ing. Oscar Suárez, corrobora que la Provincia tiene reservas para 11 años, afirmación ratificada en el día de ayer, ante la fiscalía de estado provincial, aun así, el gobierno, consiente de esta situación, insiste en el ofrecimiento de provisión de gas por los próximos 25 años, generando el riesgo para la provincia de no poder proveer los volúmenes comprometidos; al mismo tiempo y en el mismo acto resigna la jurisdicción judicial, proponiendo un perito para resolver las eventuales, futuras y potenciales controversias amistosamente, y si este no conforma a las partes, la señora gobernadora ofrece y se compromete, excluir de la tutela y autoridad de los jueces naturales de la provincia y de la Nación Argentina, las disputas jurídicas, para llevarlo a un sistema de arbitraje en la Republica Oriental del Uruguay, punto 8.2. de la oferta.
Los justicialistas somos honrosos herederos de una doctrina política, Nacionalista, defensora del sistema democrático, republicano y federal y nos resulta inadmisible a los altos ideales propuestos, que un funcionario electo municipal, provincial o Nacional pueda ofrecer al capital extranjero, y comprometerse con ellos, por acto administrativo, emanado por autoridad competente, excluir, razonada y deliberadamente al poder judicial de la Provincia y de la Nación, al control judicial suficiente de estos negociados.
También es dable aclararle al pueblo, que el gobierno provincial acepta y se compromete en el convenio de cooperación con la provincia de Shaanxi, de la Republica Popular China y la empresa TFEQ.S.A., deslealmente y en demerito de las cualidades técnicas – profesionales del hombre trabajador Argentino, que el 70% del personal calificado que se ocupará en la construcción y posterior producción de la planta de metanol, será de origen Chino.
Asimismo, debe dejarse en claro que no se conoce cuales son las empresas estatales chinas asociadas, que participan de este acuerdo; que está en estudio la Planta de Metanol, para la que falta todavía un largo tiempo de definición y que por la inexperiencia del ARI, salió el contrato que salió (según declaraciones tomadas del asesor legal de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia Dr. Omar Espósito en el diario Provincia 23 del 21-8-2009). La gobernadora Ríos insiste en que “pudo haberse cometido un error administrativo” en la gestión de este contrato, error que el Fiscal de Estado de la Provincia Dr. Martínez de Sucre valora en casi u$s 8.000.000 de dólares que la provincia perdería, aún cuando el contrato tuviera encuadre constitucional y legal.
Por otro lado, observamos en la ley 774, la autorización legal para el cobro y gasto actual, de dineros propios, provenientes de regalías hidrocarburíferas de los presupuestos 2012 y 2013, además de una técnica jurídica pobre e insuficiente, no existiendo en ella, una sola palabra acerca de eventuales incumplimientos por parte del contratante, ni plazos de caducidad, ni multas, ni tan siquiera, los modos de resolución de la oferta, según las causales eventuales que pudieren producirse, violando el artículo 74 de la constitución provincial al no exigir la obligación de selección y una previa, amplia y documentada difusión; no obligo a la revisión previa del pliego de oferta, ni la declaró de carácter público, y no reguló el uso industrial del agua dulce.
Rescatamos las declaraciones y escritos del Ex vicegobernador de la gobernadora Ríos, Dr. Carlos Basanetti, quién advierte a su gobierno de las irregularidades del contrato, dejando sembrado en la sociedad, un manto de dudas morales y éticas acerca de los verdaderos objetivos del negociado.
Todos estos hechos irregulares, han merecido graves observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia, custodio de la legalidad de los actos económicos del Gobierno y el mas enérgico reproche jurídico de la Fiscalía de Estado Provincial, encargada de custodiar el patrimonio de la Provincia por imperio de la Constitución Provincial, incluso, solicitando al Superior Tribunal de Justicia provincial la anulación de la oferta.
Como conclusión de lo expuesto, el Partido Justicialista denuncia ante el pueblo de Tierra del Fuego que se observa una gravísima falta de idoneidad, de honradez y una absoluta falta de patriotismo, del gobierno del ARI.
La falta de transparencia del gobierno queda al desnudo en este negociado con los chinos, que pretendió aprobarse mediante la sanción de la ley 774, contrariando mandatos de la Constitución Provincial y pretendiendo entregar al comerciante extranjero nuestros recursos naturales a un precio pactado entre gallos y medianoche.
Estas acciones perjudiciales a la provincia de Tierra del Fuego, por parte del partido gobernante, ameritan que el Partido Justicialista advierta del enorme daño futuro a toda la Sociedad Fueguina y rechaza en todos los términos el proceso de contratación privada directa llevada a cabo por este gobierno.
Todo ello como resultante de su evidente incapacidad de gestión, resaltando que no gobierna para el pueblo, sino para si misma, a partir de prácticas políticas de dudosa moral y con un accionar político antidemocrático, las cuales, son ejecutadas por funcionarios irresponsables que han paralizado a la provincia a lo largo de este proceso de gobierno.
Así mismo aprovechamos la oportunidad para convocar a un dialogo político fecundo y duradero, a las máximas autoridades partidarias de los partidos políticos de representación mayoritaria en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, como lo son, LA UNION CIVICA RADICAL Y EL MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO, a fin de establecer políticas de estado, en materia de recursos naturales y energéticos, conjunta, consensuada y responsablemente, para los próximos años, de modo que no se transformen en un fin de disputa política, sino, en un medio de bienestar general.
Insistimos en declarar, el Partido Justicialista no se opone a la explotación de nuestras riquezas naturales, en cualquiera de sus formas y sumamos nuestro inmenso compromiso con la sociedad, en las búsquedas de políticas y procedimientos, que fructifiquen en mayores inversiones, mayor empleo y desarrollo tecnológico, siempre dentro de un marco de claridad, que importe la debida y objetiva información que el ciudadano merece, siempre ajustado a derecho.
Aprovechamos la oportunidad para Celebrar junto al pueblo, la sanción definitiva, del proyecto de ley de fomento de la industria fueguina, propuesto y enviado para su sanción, por nuestra Señora presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirshner, encarnado en el ámbito de nuestra provincia, por nuestra diputada nacional, Dra. Rosana Bertone, que ratifica, como lo hemos dicho antes, nuestro inmenso compromiso con el pueblo, en la búsqueda de políticas que fructifiquen en mayor empleo, mayores inversiones y mayor desarrollo tecnológico, para la realización plena del hombre, de la comunidad y felicidad del pueblo.
(*) Vicepresidente del Consejo Provincial. Partido Justicialista. Distrito Tierra del Fuego.
